La Corte Suprema de los Estados Unidos está lista para escuchar los argumentos en un caso que podría cambiar el panorama de la regulación de los cigarrillos electrónicos en Estados Unidos. En el centro de esta batalla legal se encuentra la autoridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para supervisar y restringir la venta de productos de vapeo, en particular los comercializados para adultos jóvenes. El caso llega en un momento crítico, ya que encuestas nacionales recientes revelan un alarmante aumento del 97% en el vapeo diario entre estudiantes de secundaria de 2021 a 2023, con tasas que ahora alcanzan el 30%.
El quid de la disputa radica en el enfoque de la FDA para regular el mercado de cigarrillos electrónicos en rápida evolución. Desde la introducción de los cigarrillos electrónicos en el mercado estadounidense en 2006, la agencia ha lidiado con la forma de controlar eficazmente estos productos en virtud de una ley federal de 2009 que le encarga a la FDA limitar el uso de tabaco y nicotina entre los menores. El profesor de derecho Jonathan Adler, que ha estudiado ampliamente este tema, plantea inquietudes sobre el proceso de evaluación inconsistente y potencialmente injusto de la FDA para la multitud de productos de vapeo disponibles.
El caso ante la Corte Suprema se deriva de un fallo del Tribunal del Quinto Circuito que, de confirmarse, podría permitir potencialmente a los fabricantes de productos de vapeo comercializar sus productos sin una supervisión regulatoria significativa. Esta perspectiva ha alarmado a los defensores de la salud pública que temen que pueda socavar años de esfuerzos para frenar la adicción a la nicotina entre los jóvenes. La administración Biden ha tomado la medida inusual de impugnar enérgicamente esta decisión, incluso cuando ha optado por no impugnar otros fallos desfavorables de tribunales inferiores sobre diferentes asuntos.
Uno de los puntos clave de discordia es la postura cambiante de la FDA sobre los cigarrillos electrónicos con sabores. Inicialmente, la agencia trató de entender cómo las empresas evitarían la comercialización a los niños, pero más tarde decidió que tales restricciones de comercialización serían insuficientes para proteger a los jóvenes del atractivo de los productos de vapeo con sabores. Este cambio de política ha dado lugar a acusaciones por parte de la industria del vapeo de que las cambiantes exigencias de la FDA crean un entorno regulatorio arbitrario y caprichoso, que viola la ley administrativa federal.
La posición actual de la FDA es que no puede permitir los cigarrillos electrónicos con sabores sin plantear riesgos inaceptables para los menores. Como resultado, la agencia solo ha aprobado los cigarrillos electrónicos con sabor a tabaco y mentol, que cree que tienen más probabilidades de ayudar a los adultos a dejar de fumar cigarrillos tradicionales y suponen un menor riesgo para los usuarios menores de edad. Esta postura se ha encontrado con la resistencia de las empresas de vapeo, que argumentan que los productos con sabores son esenciales para atraer a los fumadores adultos que buscan dejar los cigarrillos convencionales.
Mientras la Corte Suprema se prepara para escuchar los argumentos, los expertos están divididos sobre los posibles resultados. Algunos sugieren que el fallo podría tener un alcance limitado, mientras que otros señalan a la mayoría conservadora en el tribunal como un posible presagio de cambios significativos en el panorama regulatorio. Una decisión a favor de la industria del vapeo podría generar una afluencia de cigarrillos electrónicos con sabores, lo que podría aumentar la probabilidad de que los jóvenes vapeen en las escuelas de todo el país.
Las implicaciones de este caso se extienden mucho más allá de la industria del vapeo. La decisión de la Corte Suprema podría sentar precedentes sobre cómo las agencias federales regulan las tecnologías y productos emergentes en otros sectores, equilibrando la necesidad de innovación con las preocupaciones de salud pública. Mientras los jueces deliberen, deberán sopesar el mandato de la FDA de proteger la salud pública frente a los argumentos a favor de la coherencia regulatoria y la equidad para las empresas que operan en un mercado en rápida evolución.
